| Artículos
> Nueva Economía >
Seguridad y propiedad intelectual
© Copyright de este texto LA INDUSTRIA OFRECE UNA MORATORIA A LAS EMPRESAS PARA QUE LEGALICEN SUS APLICACIONES Tregua en la batalla contra el software ilegal En la guerra se permite cualquier iniciativa que conduzca a la victoria, incluso maniobras que pueden sorprender al enemigo. Este es el caso de la última acción desarrollada por la Business Software Alliance, que en su lucha contra la piratería informática ha decidido ofrecer a las empresas en situación irregular un plazo de tres meses para que pongan su casa en orden. Abril de 2001. "Ningún empresario dejaría que sus hijos fueran en un coche robado. Tener software ilegal es algo similar, porque el activo más importante de una compañía son sus datos". Con esta contundencia se expresa Carlos Manuel Fernández, vicepresidente de la Business Software Alliance (BSA), al referirse a la necesidad de que las empresas españolas se conciencien sobre la conveniencia de contar con aplicaciones informáticas actualizadas desde todos los puntos de vista, no sólo el tecnológico. La BSA es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a las principales empresas del sector informático, entre las que se encuentran nombres como Adobe, Apple, Corel, Lotus, Microsoft, Macromedia o Symantec. Presente en 65 países, su objetivo se centra en erradicar la piratería informática a través de la divulgación, las acciones legales y la promoción de legislaciones que protejan los derechos de la propiedad intelectual. En el primer grupo de acciones se enmarca esta campaña, que ofrece una tregua de tres meses a todas las empresas que se sometan a una auditoría sobre la situación de su software: los primeros 30 días cubren el plazo de "adhesión" a la tregua y los 60 restantes son el periodo de regularización. Para facilitarlo, la propia BSA ofrece a través de su página web una herramienta gratuita de auditoría y asesoramiento personalizado. Acciones positivas contra la piratería "Sabemos que parte de los usos ilegales que se hacen del software se deben a unos sistemas de control pobres o inexistentes. Hemos lanzado esta tregua para que los empresarios puedan informarse de manera gratuita y beneficiarse de ella antes de convertirse en parte de la estadística de casos ilegales", afirma Carlos Manuel Fernández. El vicepresidente de la BSA insiste en el carácter positivo de una campaña de estas características, que sitúa en una onda similar a otras acciones desarrolladas desde ámbitos diversos, como la parte del plan gubernamental Info XXI que permite a las pymes que se actualicen acceder a determinadas deducciones fiscales o el certificado de Aenor que garantiza el software empresarial. En última instancia, según el responsable de la organización, cuando se habla de piratería hay que considerar una doble dimensión: por un lado, la agresión a la propiedad intelectual de las compañías que han desarrollado esos productos y, por otro, el hecho de que se pone en juego la imagen de la empresa afectada cuando el caso adquiere relevancia pública. Compromiso de no iniciar acciones legales La clave de la tregua ahora planteada por BSA radica en que esta entidad se compromete a no emprender, durante el tiempo que dure la moratoria, ninguna acción legal contra las empresas que se sumen a ella. A este respecto hay que señalar que la organización, como representante de los principales productores de software mundiales, presenta ante los juzgados correspondientes las denuncias oportunas cuando tiene conocimiento de irregularidades, y se persona como afectada. Durante el año 2000 recibió 260 denuncias de usuarios de software ilegal, generalmente interpuestas por empleados y ex empleados, y 224 de distribuidores. En relación con estos últimos, ya se han iniciado 112 acciones legales en su contra. Según sus datos, en España el índice de piratería informática en 1999 era del 53%, lo que nos situaba 19 puntos por encima de la media Europea. En 2000, a pesar de que todavía no hay datos exactos, la brecha se ha reducido ligeramente, aunque aún "seguiremos lejos de otros países que ya han puesto en práctica treguas de este estilo como Italia o el Reino Unido, donde el índice de piratería se sitúa en el 30%". Además, sus estimaciones indican que la copia y uso ilegal de programas de ordenador está provocando en España pérdidas anuales de unos 47.500 millones de pesetas. Artículos > Nueva Economía > Seguridad y propiedad intelectual |