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Seguridad y propiedad intelectual
© Copyright de este texto BERNARDINO CORTIJO, JEFE DE LA UNIDAD DE DELITOS TECNOLÓGICOS DE LA POLICÍA NACIONAL "La legislación aún no se ha adaptado a las tecnologías, ni en España ni en los países de nuestro entorno" Bernardino Cortijo es comisario del Cuerpo Nacional de Policía y jefe de la Unidad Central de Investigación de Delincuencia en Tecnologías de la Información de este cuerpo, que está en funcionamiento desde marzo de 2000. Además, es el representante español en la comisión de expertos que trabaja para el Consejo de Europa en la preparación del convenio europeo contra el cibercrimen, cuyo último borrador se aprobó el pasado mes de diciembre y que será ratificado a lo largo de este año. Enero de 2001. - ¿La legislación que existe actualmente en España sobre los delitos informáticos brinda a su unidad el marco necesario para poder funcionar? - No. Es indudable que la legislación, no sólo en España, sino en todos los países de nuestro entorno, tiene que irse adaptando a estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, aquí hace dos años se añadió un articulado a la regulación sobre pornografía infantil que ya permite perseguir una serie de actividades que antes no se contemplaban: no sólo ya elaborar ese material, sino también distribuirlo, intercambiarlo, venderlo, etc. Eso nos permite perseguir a todo el que está relacionado con esa materia por Internet. Es un avance importante con el que cuenta España pero que no existe en otros países. Pero por ejemplo, por lo que se refiere a los hackers, si no existe ningún daño ni el intruso utiliza en otro sitio los datos que puede haber visto, no se le puede perseguir, ni los jueces ni nosotros tendríamos una base sólida para actuar. Ese tema está flojo, pero se encuentra así en casi todos los sitios. - ¿Y en lo que se refiere a los delitos por transacciones económicas? - En este aspecto nos basamos en la regulación normal económica sobre estafas, fraudes, etc. La mayoría viene bien y es suficiente para lo que hacemos, aunque quizá hay que ir adaptándola a los últimos cambios, como las nuevas tarjetas, los nuevos sistemas de telefonía, etc. Está flojito pero nos permite ir enganchando estas cuestiones como si se tratara de delitos de otro tipo. - ¿Cuáles son concretamente las funciones que realiza su unidad? - Desde 1995 existía un Grupo de Delitos Informáticos y estaba dentro de la Comisaría General de Policía Judicial. Pronto se vio que era insuficiente porque esto ha crecido muchísimo y desproporcionadamente en los dos últimos años. En marzo se crea la Unidad Central de Investigación Tecnológica, que trata todo lo relacionado con delitos informáticos (pornografía infantil, delincuencia económica por la red, actuaciones de hackers, piratería informática), delitos o fraudes en las telecomunicaciones (telefonía móvil, locutorios y televisión) y lo que llamamos investigación tecnológica, realizada por un equipo que hace patrullaje en la red y comprueba que las cosas que se hagan sean legales y están al día con las herramientas de quienes se manejan en este mundillo. Aparte está el tema de la coordinación internacional. - ¿En qué circunstancias pueden intervenir? - Si no se provoca un daño de cualquier tipo en personas o en bienes, nosotros no podemos intervenir. Sí podemos hacerlo desde el punto de vista del consejo, el apoyo o la orientación, como una labor preventiva. Pero no podemos entrar desde un punto de vista judicial si no hay evidencias de delito. Para eso es muy importante que las empresas tengan la conciencia clara de que es necesario que tengan un responsable que conozca la parte lógica y la parte informática de la compañía. - En el balance de actuaciones de su unidad correspondiente al año 2000 destaca el número de delitos relacionados con la pornografía infantil y el relativamente pequeño porcentaje de los ligados a las transacciones económicas. - Esto va a ir cambiando. Lo que es cierto es que hay un comercio y una demanda terrible de productos de pornografía y la red sirve para identificar a una comunidad virtual de pederastas que, evidentemente, no se ve en la calle, pero ahora tenemos miles en un foro a través de Internet. Hay mucho dinero y mucha gente dispuesta a pagar por ello. Hay que tener en cuenta que no sólo son las imágenes, también están los chats o los foros, y hasta el comercio de niños a través de Internet. El número es tan elevado porque hay mucha demanda y también porque la gente está muy sensibilizada en ese campo. En cuanto a las denuncias por motivos económicos, también han aumentado. Hasta ahora no han destacado porque en general se ha comerciado poco en la red, pero ahora hay más movimiento en este sentido, más tarjetas en Internet, y eso hace que su número aumente. - El hecho de que este tipo de delitos ocupe el segundo lugar, ¿puede indicar que las transacciones por la red son más seguras de lo que indica la percepción general de los usuarios al respecto? - Yo diría que sí, que son bastantes seguras. Aquí ocurre como en todos los campos: hay entornos que son más serios en términos de seguridad que otros. El usuario debe intentar ir a sitios seguros y que ofrezcan garantías. - Por lo que se refiere a la piratería de productos informáticos, ¿cómo es su actuación al respecto? ¿Pueden actuar de oficio? - No. Tiene que existir una denuncia previa del afectado para que actuemos. La empresa de software o hardware o la asociación que la represente legalmente puede presentar ante el juez la denuncia. Una vez hecho esto, se revisan los ficheros que contienen esos ordenadores, se piden facturas y se contrasta todo con un perito judicial. Lo que se va buscando es que las cosas estén claras, no pillar el pequeño fallo. Si una empresa tiene seis empleados y cinco licencias, de lo que se trata es de que lo negocien, no de perseguir a nadie. Somos conscientes de que en este campo hay que ir poco a poco. - Si una empresa sospecha estar siendo objeto de un delito, ¿cómo puede solicitar su intervención? - Si se trata de un hecho consumado, a través de una denuncia que se puede presentar en cualquier comisaría o en Internet. Y si no, la consulta se puede hacer siempre, por vía telefónica o por correo electrónico. En este sentido siempre reclamamos la colaboración de las empresas. Estamos abiertos a cualquier tipo de trabajo conjunto que se puede materializar en cursos de formación, cooperación en casos concretos si se trata de expertos en intrusiones, virus, encriptación, etc. Hoy por hoy no existe otro campo que se preste tanto a la colaboración entre la Policía y la empresa privada. Actualmente colaboramos tanto con entidades públicas (universidades, centros de investigación, colegios, etc.) como con empresas privadas como despachos de abogados, compañías dedicadas a las tecnologías, etc. Artículos > Nueva Economía > Seguridad y propiedad intelectual |